• Editorial del presidente de Sogama, Javier Domínguez, correspondiente al boletín informativo de la Sociedad de este mes: https://www.sogama.gal/sites/default/files/newsletter/pdf/2024-10/newsletter58.pdf 

Las medidas aplicadas por el Estado han hecho mella en las cuentas de Sogama. Tras varios años consecutivos de equilibrio económico, resultado de una gestión honesta, prudente, eficiente y previsora, posibilitada a su vez por el esfuerzo y dedicación de un equipo humano modélico y con una clara vocación de servicio público, este equilibrio se ha visto quebrado como consecuencia de una serie de decisiones adoptadas de forma unilateral por el Gobierno central, abocando a la Sociedad que presido a unas pérdidas económicas superiores a 18 millones de euros en 2023.

Los impuestos al vertido y a la incineración, que han supuesto 9,1 millones de euros el pasado año, y que Sogama ha soportado con su caja, evitando de esta forma que recayesen en los ayuntamientos, han tenido continuidad con otros varapalos que evidencian la falta de sensibilidad del Estado con las empresas y los ciudadanos. Entre éstas, cabría mencionar la eliminación de la retribución a la inversión de la planta termoeléctrica, comprometida hasta el año 2026, momento en el que finalizará su vida útil, así como la reducción de la inversión a la explotación de la planta de cogeneración durante el segundo semestre del pasado ejercicio y la recuperación del impuesto eléctrico del 7%. Estos factores han incrementado en 39 euros el coste que para Sogama tiene el tratamiento de cada tonelada de residuos que entra en sus instalaciones.

Cuando se supone que la Administración del Estado debería apoyar a las entidades con una gestión eficiente o, al menos, dejarlas “sobrevivir” con los propios recursos que generan y que, en el caso de Sogama, le han permitido realizar inversiones por un importe superior a 100 millones de euros para prestar un mejor servicio a los gallegos, la respuesta del Gobierno central se ha traducido en trabas y más trabas que perjudican a esta compañía, así como a los 295 ayuntamientos a los que ésta da servicio.

¿Cuál es el resultado de esta política errática, improvisada, interesada e insolidaria del Estado? Pues la actualización del canon que Sogama aplica a los concellos para poder cubrir los costes básicos del tratamiento de los residuos producidos por más de 2,2 millones de habitantes.

Esta situación, fruto de decisiones desatinadas y/o malintencionadas que, además de lesionar las arcas locales, comprometen la protección del medio ambiente, es aprovechada de forma poco ortodoxa por determinados grupos políticos para cuestionar el modelo que ha posibilitado que los 300 vertederos municipales que asolaban Galicia en la década de los 90, y que comprometían la salud pública, sean hoy un mal recuerdo. ¿Cuál es la razón de actuar así? Muy fácil: su incapacidad de proponer una alternativa viable.

Javier Domínguez Lino

Presidente Sogama