- Editorial del presidente ejecutivo de Sogama, Javier Domínguez Lino, correspondiente al boletín corporativo de diciembre https://www.sogama.gal/sites/default/files/newsletter/2022/12/Newsletter...
Cerceda, a 22 de diciembre de 2022.-A punto de concluir el año, nos adentraremos en el 2023 con esa sensación de incertidumbre que no nos ha abandonado todos estos meses. La invasión de Ucrania y la consiguiente inestabilidad geopolítica parecen haber echado por tierra muchas iniciativas que se pretendían llevar a cabo en 2022, máxime en un momento en el que la pandemia de la COVID-19 nos daba un alivio y la economía recibía una bocanada de aire fresco desde Europa con unos benditos fondos que ayudarían al continente a remontar.
Pero, en poco tiempo, y sin menospreciar la gran ayuda que estos fondos supondrán para las economías de los Estados miembros, lo cierto es que, en los últimos tiempos, las circunstancias sobrevenidas han lastrado muchas ilusiones y han desgastado a una población que, víctima de la gran inflación, ha tenido que apretarse de nuevo el cinturón y hacer números cada vez que tiene que llenar la cesta de la compra, el depósito de su vehículo o simplemente calentarse en invierno.
El desorbitado precio de la energía, de los materiales y de los combustibles, ha supuesto un varapalo para muchos sectores. Por poner un ejemplo, Sogama pasará de pagar 14,7 millones de euros en concepto de gas, a 42,4 millones el año que viene, lo que supone un incremento del 187%, el mismo que regirá en el caso del suministro de materiales, cuyo precio escalará desde los 6,3 millones de euros de este ejercicio a los 18,2 millones de euros del próximo. Por su parte, el transporte tampoco quedará inmune, ya que subirá en un 26,5% (desde los 16,9 millones de euros a los 21,4 millones). Esto quiere decir que el incremento de los costes relativos únicamente a estos tres conceptos ascenderá a más de 44 millones de euros.
Además de todo ello, determinadas obras han tenido que licitarse de nuevo por la renuncia de las adjudicatarias ante la escasez de materiales y el elevado precio de los servicios en un breve período de tiempo, y, en otros casos, se han hecho ajustes en los proyectos para garantizar su viabilidad.
Esta situación, a la que no escapa nadie, pone en serio riesgo la descarbonización de Europa al haberse visto obligados algunos países a reactivar el consumo de combustibles fósiles.
Por su parte, la industria del reciclaje ha dado la voz de alarma porque los elevados costes energéticos resultan inasumibles para llevar a cabo su actividad, y, por si fuera poco, a la pesada carga que deben soportar industrias y familias, el gobierno central nos regala nuevos impuestos en la gestión y tratamiento de los residuos que, como siempre, recaerán en el ciudadano. Me refiero al impuesto a la valorización energética, a pesar de encontrarse dentro de la jerarquía de gestión estipulada por Europa, después del reciclaje y antes del vertedero, con la particularidad de que contribuye a paliar el déficit energético con la producción de electricidad, limpia y respetuosa con el medio ambiente y la salud, a partir de aquellos residuos que no pueden ser reciclados y que, de otra forma, acabarían depositados en vertedero, la peor de las opciones.
Aunque la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia se opuso a estos tributos estatales y presentó las correspondientes alegaciones, los impuestos han seguido su curso y su aplicación comenzará el 1 de enero de 2023.
Mientras los países escandinavos, tal y como asegura Aeversu (Asociación Española de Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos), quieren eliminar el impuesto sobre la incineración, el gobierno de España decide aplicarlo en el peor momento, suponiendo para los ciudadanos de Galicia un impacto de más de 13 millones de euros, ya que la recaudación saldrá de sus bolsillos.
Si el Estado impulsase la valorización energética en España, ésta supondría una ayuda para paliar la actual crisis energética. En este sentido, Aeversu indica que, si los 12 millones de toneladas de residuos que acaban enterradas en vertedero en nuestro país, se valorizasen energéticamente, la energía que se podría obtener a partir de estos residuos sería de, aproximadamente, 7.800 GWh/año, el equivalente a las necesidades de 2,25 millones de hogares o al consumo de 5,5 millones de personas.
La sostenibilidad debe entenderse en toda su amplitud: no significa teñir de verde las decisiones políticas, sino velar por que éstas mantengan un equilibrio entre la protección ambiental, el crecimiento económico y la cohesión social.
Presidente ejecutivo
Javier Domínguez Lino
