• El fin último es que la UE pueda avanzar hacia la neutralidad en sus emisiones en 2050, tal y como establece el Pacto Verde, y evitar el “ecoblanqueo” (cuando se clasifica como ecológico o sostenible algo que no lo es).

Cerceda, a 18 de junio de 2020.- El Parlamento Europeo ha respaldado las nuevas normas para determinar si una actividad económica es medioambientalmente sostenible. La propuesta legislativa sobre inversiones sostenibles establece seis objetivos medioambientales y permite que una actividad económica sea considerada como tal si contribuye al menos a uno de ellos s n perjudicar de manera significativa a ninguno de los otros.

Entre los retos figuran la mitigación y adaptación al cambio climático; el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos; la transición hacia una economía circular; la prevención y control de la contaminación; y la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.

El fin último es que la UE pueda avanzar hacia la neutralidad en sus emisiones en 2050, tal y como establece el Pacto Verde, y evitar el “ecoblanqueo” (cuando se clasifica como ecológico o sostenible algo que no lo es).

La Comisión calcula que Europa necesita del orden de 260.000 millones de euros anuales en inversión adicional para alcanzar sus objetivos climáticos y energéticos de 2030. Los eurodiputados pidieron el mes pasado que las inversiones, dentro del plan de recuperación tras la pandemia de COVID-19, den prioridad al capítulo verde.

Las actividades que son incompatibles con la neutralidad climática, pero que resultan necesarias en la transición hacia una economía de “emisiones cero”, serán clasificadas como “actividades de transición o habilitadoras”. Sus emisiones de gases de efecto invernadero tendrán que estar al nivel de los mejores resultados en su sector.

La normativa entrará en vigor después de su publicación en el Diario Oficial. La Comisión actualizará periódicamente los criterios técnicos de selección para las “actividades de transición y habilitación”. Antes del 31 de diciembre de 2021 deberá revisarlos y definir criterios para identificar las actividades que tengan un impacto negativo significativo.

Fuente: Parlamento Europeo

Imagen: Pixabay