• Así lo aseguró el presidente de la Sociedad, Javier Domínguez, en el transcurso de su participación en una jornada promovida por la Diputación de A Coruña, en colaboración con COSITAL, para abordar las implicaciones técnicas, administrativas y económicas de la ley de residuos 7/2022
• Domínguez Lino se mostró muy crítico con el establecimiento del impuesto a la valorización energética, toda vez que es un tratamiento finalista que evita precisamente que los residuos no reciclables acaben en vertedero, la opción más contaminante

Cerceda, a 2 de octubre de 2024.- Con motivo de su participación en la jornada que, bajo el título “El modelo de gestión de residuos de la ley 7/2022. Implicaciones técnicas, administrativas y económicas”, organizó la Diputación de A Coruña en colaboración con el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL) de A Coruña y Pontevedra, el presidente de Sogama, Javier Domínguez, defendió el modelo de gestión integral de esta Sociedad, que promueve la recuperación de residuos y relega el vertido a último lugar por ser la opción más contaminante.

En este sentido, incidió en que, precisamente para promover el compostaje de la materia orgánica recogida de forma diferenciada a través del contenedor marrón, la Xunta de Galicia, a través de Sogama, puso en marcha una red de infraestructuras conformada por 17 instalaciones (4 plantas de biorresiduos -una por provincia- y 13 plantas de transferencia de apoyo que cuentan con una tolva específica para el trasvase de la fracción orgánica).

A pesar de que la gestión de los residuos es una competencia municipal, Domínguez Lino explicó que el gobierno autonómico, consciente de los escasos recursos de muchos concellos, puso a su disposición los medios necesarios para que pudiesen cumplir con la ley, que obliga a la recogida selectiva de los residuos orgánicos a partir del 31 de diciembre de 2023.

Asimismo, señaló que el Complejo Medioambiental de Sogama, posicionado entre los más modernos y eficientes de Europa, y que da servicio a 295 concellos gallegos, opera en sintonía con las plantas de gestión de residuos de los países europeos más avanzados y comprometidos con el medio ambiente, que han apostado de lleno por priorizar el principio de las tres erres (reducción, reutilización y reciclaje) y complementarlo con la recuperación energética de la parte no reciclable, tal y como hace esta empresa pública.

Señaló que, mientras que el uso del vertedero en el modelo Sogama se sitúa en el 21%, la media de España se encuentra en más del 50%, y ello a pesar de ser la opción más contaminante en la gestión jerarquizada de residuos que promulga la UE. Y dio un dato: el vertedero emite un 175% más de CO2 que las plantas de valorización energética.

El canon más barato de Galicia

Respecto al canon de Sogama, Domínguez aseguró que, aún con la actualización del mismo, continuará siendo el más barato de Galicia y uno de los más baratos de España. Al respecto, puso en valor el esfuerzo de la Xunta de Galicia al sufragar una buena parte de su incremento, que obedece precisamente a las medidas unilaterales adoptadas por el Estado y que penalizan económicamente a los ayuntamientos y a los ciudadanos. “Mientras que el Gobierno central sanciona con afán recaudatorio, la Xunta actúa de parapeto para evitar que se lesionen las economías familiares”.

Aunque el Estado argumenta el establecimiento de los impuestos al vertido y a la incineración en el marco de la ley 7/2022 con motivo de la transposición de una directiva europea, Javier Domínguez señaló que 18 países europeos no los aplican, bien porque no responden a su objeto o bien porque han solicitado una moratoria, tal y como pidió en su momento el sector español de los residuos, habiendo presentado la Xunta alegaciones a la ley por considerar que debe trabajarse en el incentivo para promover el reciclaje y no en la penalización.

La jornada también contó con las intervenciones de Simón Rego, conselleiro del Consello de Contas de Galicia, quien abordó la problemática de la contratación pública da gestión de residuos; y Juan Ignacio Gomar Sánchez, inspector jefe de departamento en la Subdirección General de Inspección Tributaria de la Agencia Tributaria del Concello de Madrid, que habló sobre las tasas locales de la ley.

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