- Ecoprog y CEWEP han publicado el barómetro 2023 para la industria de la transformación de residuos en energía, en el que alude a lo difícil que es desarrollar tecnologías alternativas para tratar los residuos no reciclables, atesorando la WtE un historial probado de muchas décadas
Cerceda, a 15 de noviembre de 2023.-Un informe presentado por CEWEP (Confederación Europea de Plantas de Valorización Energética de Residuos) y la consultora especializada Ecoprog, refuerza el importante papel que desempeña el sector de la transformación de los residuos en energía en un escenario económico complejo, como el de los últimos meses, al demostrar una gran resiliencia, pues, no solo garantiza el tratamiento de residuos con altos estándares ecológicos e higiénicos, sino que también proporciona estabilidad para el crecimiento y el empleo en Europa.
A juicio de la Asociación, recientes decisiones de la UE como el Reglamento sobre diseño ecológico, el Reglamento sobre vehículos al final de su vida útil o el Reglamento sobre envases y residuos de envases, vienen a avalar la apuesta de Europa por la economía circular al promover la reducción de residuos e impulsar el reciclaje. No obstante, mientras la industria fabrique productos para los que el reciclado de materiales de alta calidad no sea viable, ni técnica ni económicamente, se precisará una opción fiable para tratar los residuos no reciclables, como es el caso de la valorización energética (WtE por sus siglas en inglés), con las normas ecológicas más estrictas posibles.
El barómetro del sector de este año alude a lo difícil que es desarrollar tecnologías alternativas para tratar la fracción no reciclable, atesorando la WtE un historial probado de muchas décadas. En los próximos años, continuará siendo un pilar indispensable para la gestión de residuos en Europa.
Impuestos sobre el CO2
No se espera que los impuestos sobre el CO2 o el comercio de derechos de emisión tengan un gran efecto de orientación para la WtE, ni para aumentar el reciclaje ni para reducir las emisiones de CO2. Esto se debe a que las menores emisiones de CO2 no está tanto en manos de la WtE, sino más bien en la producción de plásticos no reciclables y difíciles de reciclar, para los que se utilizan recursos fósiles. Los residuos plásticos son responsables de la mayor parte de las emisiones fósiles de CO2 procedentes de la incineración, por lo que las tasas deberían aplicarse según el principio de quien contamina paga y no al final de la cadena de tratamiento.
Si la valorización energética es la única opción de gestión de residuos que se encarece mediante el comercio de derechos de emisión (o impuestos sobre el CO2), esto también podría tener consecuencias contraproducentes para la gestión de residuos y el clima. Por ejemplo, cuando, en lugar de ahorrar gases de efecto invernadero mediante la WtE (en sustitución de los combustibles fósiles), los residuos se desvían a vertedero, importante foco de emisiones de metano que no están cubiertas ni por el RCCDE ni por los regímenes nacionales de emisiones.
Si solo aumentan los precios de la incineración de residuos, el vertido podría incluso beneficiarse indirectamente, aunque el camino a seguir es reducir el depósito en vertedero de los residuos que pueden recuperarse en niveles superiores de la jerarquía. Y es precisamente en la disminución del vertido donde reside el potencial significativo para minimizar las emisiones de GEI en el sector, extremo que todavía no se ha abordado adecuadamente en el seno de la UE.
Asimismo, otra consecuencia peligrosa del incremento de los precios de la incineración a través del RCCDE o de los impuestos sobre el CO2, podría ser el aumento de la exportación de residuos fuera de Europa a tratamientos con normas medioambientales y sociales menos estrictas ("fuga de residuos").
A la hora de debatir el comercio de derechos de emisión, el sector de la gestión de residuos debe analizarse de forma holística. Un enfoque aislado en la valorización energética, no sólo hace caso omiso de la igualdad de condiciones, sino que también tiene efectos perjudiciales para la protección del clima y los objetivos medioambientales.
Fuente: CEWEP