• Editorial del presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, correspondiente al boletín corporativo de este mes de diciembre.

Un año agridulce. Así calificaría a este 2023 que ya entra en su tramo final.

Dulce, porque hemos conseguido cumplir en plazo el encargo de la Xunta de poner en marcha una red de infraestructuras para la valorización de la materia orgánica, conformada por 4 plantas de biorresiduos y 13 de transferencia de apoyo. Todo un reto que hemos alcanzado a pesar de las numerosas trabas que nos hemos encontrado en el camino, derivadas fundamentalmente de la escasez de materias primas, los altos precios energéticos y una elevada inflación que parece no decaer.

A esta red, diseñada por la Xunta de Galicia para ayudar a los ayuntamientos, que son quienes tienen las competencias en materia de residuos, a cumplir con la legislación europea y que les obliga a implantar la recogida diferenciada de la materia orgánica antes del 31 de diciembre de 2023, se ha destinado una inversión de 45 millones de euros, de los cuales 30 millones proceden de los Fondos FEDER-REACT como respuesta de la Unión Europea a la crisis del COVID-19.

Y un año amargo, porque las decisiones del Gobierno de España han lesionado seriamente las cuentas de esta Sociedad pública autonómica: impuestos a la incineración y al vertido que Sogama ha tenido que soportar directamente por el mero hecho de llevar a cabo un tratamiento previo de los residuos con el ánimo de recuperar todo aquello que pueda ser reciclable. Dado que en este proceso generamos una fracción de rechazos, la norma califica a esta entidad como productora de desechos. La pregunta que cualquiera puede hacerse resulta obvia: ¿Hubiésemos salido beneficiados si, en lugar de separar la parte reciclable para enviar a la industria transformadora,  todo el residuo se hubiese valorizado energéticamente? Todo apunta a que sí. ¿Dónde está entonces la apuesta del gobierno central por el principio de las tres erres?

Pues el resultado de este desatino es un impacto económico para las cuentas de Sogama de más de 9,3 millones de euros. Pero aún hay más, ya que el Estado también ha eliminado la retribución a la inversión en la planta termoeléctrica y ha reducido la correspondiente a la operación de la planta de cogeneración. En total, esta compañía dejará de percibir por estos dos últimos conceptos más de 14 millones de euros.

Y todo apunta a que el Gobierno no se quedará aquí, sino que continuará asfixiando a las empresas que velan por la protección del medio ambiente a través de la gestión sostenible de los residuos, y lo hará bajo la denominada “transición ecológica y justa”. ¿Para quién?

Presidente

Javier Domínguez Lino